Escrito en enero de 2002 y corregido en mayo de 2010.
Desde un punto de vista básico, los especialistas en el del Derecho a la Comunicación (entendido como un Derecho Humano básico y universal) rescatan dos condiciones fundamentales: la defensa del pluralismo (el derecho a la existencia de diversas fuentes y a la elección de las mismas) y el equilibrio informativo mundial. Este último punto se refiere a la desigualdad informativa que generan las brechas tecnológicas y económicas entre las potencias y el resto de los países.
Pero esa necesidad de equilibrio externo también se traslada al plano interno, por lo que los Estados son los responsables de evitar la formación de monopolios informativos que condicionen o impidan libertad de expresión.
El Jueves 11 de enero de 2002, la Argentina sufrió nuevamente las consecuencias de ese desequilibrio: gracias a la colosal acumulación de medios (permitida y, en realidad, fomentada por desde el Estado por la administración Menem), mientras en la ciudad de Buenos Aires se desarrollaba un nuevo y multitudinario cacerolazo, esta vez en contra del gobierno de Eduardo Duhalde, en los mismos medios en los que se difundieron y amplificaron las manifestaciones de diciembre de 2001, la información al respecto era escasa o nula.
Todo realizador de radio, podcasts y un amplio etcétera, tuvo más temprano que tarde la necesidad de grabar con buena calidad -como para sacar al aire- una conversación telefónica.